Con relación al caso conocido como 31M, que investiga al Suboficial Gustavo Florentín por el presunto asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos manifestó que hasta el momento no se puede hacer la audiencia preliminar debido a que se encontraban pendientes apelaciones y recusaciones que presentaba la querella de Leticia Redes.
Esto impedía que se estudia una apelación que había presentado el abogado contra la exclusión de los padres de Rodrigo Quintana como querella en el proceso. Antes de la sustanciación de la audiencia preliminar, la entonces Juez Hilda Vallejos tramitó un pedido de exclusión de la querella de los padres de la víctima, presentado por los abogados Ana Mora y Fabián Ramírez, a lo que hizo lugar la exmagistrada.
“Nosotros apelamos esa resolución y cuando lo hicimos ellos comenzaron a recusar y apelar de manera excesiva a los miembros de la Cámara de Apelaciones e incluso a Ministros de la Corte. El 04 de marzo se les rechazó su apelación en contra de la sanción impuesta y se confirmó que se los debe sancionar” explicó el abogado.
Ahora, el Tribunal de Alzada debe estudiar la apelación presentada contra la exclusión de la querella. Lo que sostiene el abogado es que son los padres los que cuentan con la legitimidad para ejercer la querella en el caso de su hijo asesinado y no una representante civil de la hija de Rodrigo Quintana. Aclaró que no se oponen a que Leticia Redes participe del proceso, pero sí contra las constantes dilaciones presentadas durante el proceso para impedir su avance.
Señaló que la causa no se encuentra con peligro de extinción teniendo en cuenta que conforme al art. 136 del Código Procesal Penal (CPP) suspenden el cómputo del plazo. Tampoco se puede hablar de la prescripción debido a que el hecho punible sindica cuenta con una expectativa de pena bastante alta, sin embargo, estas dilaciones afectan a la correcta resolución de los casos.
