La empresa Insumos Médicos S.A. (Imedic) demandó al Ministerio de Salud por la rescisión de un contrato que consistía en la provisión de insumos y camas durante la pandemia de Covid-19. A raíz de la pretensión de la empresa proveedora, la Procuraduría General de la República (PGR) defendió la validez de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud, argumentando que Imedic incumplió con las especificaciones técnicas y los registros sanitarios de los bienes proveídos.
Para el Ministerio de Salud, las actas de verificación detectaron que los bienes entregados no correspondían a los ofertados y adjudicados. Finalmente, se logró una resolución favorable a las pretensiones del Estado paraguayo, que permitió ahorrar más de G. 47 mil millones.
El Tribunal de Cuentas rechazó la demanda de Imedic y confirmó las resoluciones impugnadas, considerando que los actos administrativos estaban ajustados a derecho y no se comprobó la vulneración de derechos administrativos.
