Hoy se cumplen 18 años de aquel luctuoso día y la justicia está lejos de dar a cada uno lo suyo. A pesar de existir fallos firmes y que deben se acatados sin más trámites, la licenciada Edith Graciela Gallardo, interventora de la Contaduría General de los Tribunales se negó a levantar el embargo que pesa sobre los fondos del trágico caso del supermercado siniestrado.
Con ello, un grupo de víctimas no pudo acceder a la indemnización que por derecho les corresponde.
La decisión de la funcionaria judicial se basó en la posición del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón quien en plenaria de la máxima instancia judicial manifestó su posición de prorratear los fondos del caso entre todas las víctimas.
A pesar de esto, la presidenta del Tribunal de Sentencia, Laura Ocampos ordenó nuevamente el pago y volvió a tener la oposición de la interventora de la Contaduría General de los Tribunales y además fue convocada por el ministro Jiménez Rolón quien le sugirió no avanzar con la intención del pago de las indemnizaciones, lo que motivó el apartamiento del caso de la presidenta del Tribunal y posteriormente de las demás miembros.
La inhibición de las magistradas fue impugnada por la jueza Inés Galarza y en virtud a ello, el Tribunal de Apelación de Paraguarí resolvió hacer lugar a la impugnación y confirmar a las juezas Laura Ocampos, María Fernanda García de Zúñiga y Cándida Fleitas, quienes tienen la tarea de resarcir conforme a derecho a las víctimas que a casi dos décadas siguen deambulando y buscando justicia en la justicia.
