El Tribunal de Apelaciones, Cuarta Sala, integrado por Arnulfo Arias, Arnaldo Fleitas y Emiliano Rolón confirmó la continuación de la audiencia preliminar en el caso de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, tras la apelación general interpuesto por el abogado Alejandro Nissen, el representante de Eduardo de Oliveira, quien está acusado, junto con otros, por lavado de dinero, asociación criminal y comercialización de drogas.
De Oliveira había apelado la resolución de la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez, quien el 22 de diciembre del 2020, fijó la continuación de la audiencia preliminar que inició el 2 de noviembre de ese año, para el encausado y otros, para el 11 de enero del 2021, que lógicamente fue suspendida por la interposición de ese recurso.
El fallo también alcanza para los otros acusados: Emil Oscar Moreira Pinto, Mauro Arnaldo Mereles, Juana Estela Cardozo, Diosmede Aguilera, Arnaldo Luis Arévalos, Liz Agustina Benítez.
La lista sigue con: José Félix Arévalos, Luis Gregorio López, Luis Carlos Aguilera, Reinaldo Candia Cristaldo, Nadir Drusila Ibarra.
En el caso, las defensas de los procesados en diversas ocasiones buscaron detener la investigación y hasta la fecha han presentado ocho recusaciones contra la jueza Lici Sánchez, todas rechazadas en segunda instancia.
Luis Carlos Da Rocha, apodado «Cabeça Branca», fue detenido en Brasil el 1 de julio del 2017 en el Estado de Matto Grosso luego de permanecer prófugo de la justicia durante 30 años, hecho que la República del Brasil informó al Paraguay para que luego el Ministerio Público inicie un proceso investigativo por el supuesto hecho punible de Lavado de Dinero.
Según la acusación, todos están acusados por lavado de dinero, asociación criminal y comercialización de drogas.
La mayor parte de los bienes de Luis Carlos Da Rocha está en la República del Paraguay, donde tiene 7 estancias, una orden de incautación de 90 vehículos y muchos bienes más con medidas cautelares.
Da Rocha es considerado como «El Barón de la Droga» en el mundo del narcotráfico; cuenta con 24 órdenes de captura y un estimativo de 50 años de condena por parte de la Justicia Federal del Brasil. Además, el mismo es propietario de varias estancias ubicadas en los Departamentos de Concepción y Amambay.
