El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, resolvió instar al Tribunal de Sentencia interviniente a convocar una audiencia disciplinaria para analizar la eventual aplicación de sanciones a los abogados defensores de la exfiscal Ana Girala, quien afronta juicio oral por presuntos hechos de cohecho pasivo agravado.
La decisión se da en el marco de una serie de actuaciones procesales promovidas por la defensa técnica, integrada por los abogados Álvaro Arias y José Enrique García, cuya conducta fue objeto de observación por parte del colegiado.
En ese sentido, el tribunal consideró pertinente que se evalúe si existió un uso indebido de las herramientas procesales, en atención a lo dispuesto en los artículos 112 y concordantes del Código Procesal Penal, que imponen el deber de litigar con buena fe y facultan a los jueces a sancionar conductas temerarias o dilatorias.
De manera paralela, la Cámara de Apelación declaró inadmisible un recurso de apelación general interpuesto por los mismos profesionales contra una resolución previa del propio tribunal, el A.I. Nº 34 del 06 de marzo del 2025. En dicha resolución, además de rechazar otro planteamiento recursivo, ya se había dispuesto la remisión de antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para la eventual activación del sistema disciplinario.
El colegiado fundamentó la inadmisibilidad del recurso en que no se cumplen los requisitos legales para su procedencia. Recordó que el ordenamiento procesal penal solo contempla, contra resoluciones dictadas por tribunales de alzada, los recursos extraordinarios de casación y revisión, en los supuestos taxativamente establecidos por la ley. En consecuencia, la apelación presentada no se encuentra prevista dentro de los mecanismos habilitados.
Asimismo, el tribunal advirtió que admitir este tipo de planteamientos podría generar dilaciones indebidas y obstaculizar el normal desarrollo del proceso. En esa línea, se hizo referencia a antecedentes dentro de la misma causa que evidencian la interposición reiterada de recursos, entre ellos recusaciones y apelaciones sucesivas contra decisiones del propio Tribunal de Apelación.
En su análisis, los magistrados enfatizaron la necesidad de resguardar el correcto uso de las facultades procesales, destacando que el sistema judicial prevé mecanismos para garantizar el debido proceso, pero que estos no deben ser utilizados de manera abusiva. También recordaron que los jueces cuentan con potestades disciplinarias para intervenir cuando se verifiquen conductas contrarias a la lealtad procesal.
Con base en estos argumentos, el Tribunal resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de Girala e instar al Tribunal de Sentencia a convocar la audiencia correspondiente para determinar si corresponde la aplicación de sanciones disciplinarias a los abogados involucrados.
La causa continuará su curso en etapa de juicio oral, mientras se sustancia en paralelo el análisis sobre la actuación procesal de la defensa técnica.
