El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción dispuso que el juez de garantías Rodrigo Estigarribia convoque a una audiencia para oír a la abogada Patricia Maidana, defensora del exdiputado Ever Juan Aricio Noguera, ante la eventual aplicación de sanciones disciplinarias por la presentación de recusaciones consideradas dilatorias.
La decisión se da en el marco de la causa conocida como “Merienda Escolar”, en la que Noguera se encuentra procesado. El colegiado ya había rechazado previamente una recusación planteada contra el magistrado Rodrigo Estigarribia, al considerar que los argumentos expuestos por la defensa no reunían los requisitos legales ni aportaban elementos probatorios que acrediten una supuesta parcialidad.
Según el análisis del Tribunal de Apelación, la recusación se basó en apreciaciones subjetivas vinculadas a desacuerdos surgidos durante el desarrollo de la audiencia preliminar, sin que se configure alguna de las causales previstas en el art. 50 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se concluyó que el planteamiento carecía de sustento jurídico y tenía un efecto directo en la suspensión del proceso.
Posteriormente, el propio procesado, con patrocinio de otro abogado, interpuso un recurso de apelación contra la resolución que rechazó la recusación. Sin embargo, la Cámara declaró inadmisible dicha impugnación al señalar que el ordenamiento procesal no contempla una tercera instancia para revisar decisiones adoptadas en incidentes de recusación contra jueces de primera instancia.
El tribunal fundamentó su decisión en disposiciones del Código Procesal Penal y en criterios ya establecidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que han sostenido la irrecurribilidad de este tipo de resoluciones en instancias superiores.
Asimismo, los camaristas advirtieron sobre la reiteración de planteamientos similares en la causa, recordando que anteriormente ya se había rechazado otra recusación promovida por la misma parte. En ese contexto, consideraron que existe la posibilidad de un uso abusivo de las herramientas procesales con fines dilatorios.
En virtud de ello, el Tribunal de Apelación resolvió instar al juez de garantías a convocar a una audiencia conforme a los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal, a fin de escuchar a la abogada Patricia Maidana y evaluar si corresponde la aplicación de sanciones disciplinarias por su actuación en el proceso.
La medida se enmarca en las facultades de control de los órganos jurisdiccionales para garantizar el desarrollo regular del proceso y prevenir prácticas que puedan afectar la celeridad y el debido proceso.
