En el marco de la causa “A Ultranza Py”, el Tribunal de Sentencia resolvió no hacer lugar al pedido de aplicación de medidas de urgencia solicitado por la defensa de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, con el objetivo de reforzar su seguridad dentro del sistema penitenciario, tras el intento de atentado registrado el pasado 11 de mayo en la Penitenciaría de Minga Guazú.
La solicitud había sido presentada por el abogado Federico Torres, quien planteó que el órgano jurisdiccional dispusiera la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la vida de su defendido, actualmente privado de libertad en un régimen de máxima seguridad.
Según explicó el abogado, el pedido se fundamentó en la situación de riesgo derivada del hecho ocurrido en el centro penitenciario, así como en el estado de salud del procesado, quien requeriría, según su versión, evaluaciones médicas especializadas que no podrían realizarse en el lugar de reclusión actual. El planteamiento incluyó además la posibilidad de considerar un eventual traslado a otro establecimiento penitenciario, siempre que se garantice la seguridad del interno.
No obstante, la presidenta del Tribunal, María Luz Martínez, resolvió mediante providencia no hacer lugar al pedido de medidas de urgencia. Posteriormente, la defensa presentó un recurso de reposición con apelación subsidiaria, el cual también fue rechazado.
En ese sentido, el abogado Federico Torres sostuvo que la decisión debió ser adoptada mediante una resolución colegiada del Tribunal y no únicamente por la presidencia, al tratarse, según su criterio, de una cuestión vinculada a derechos fundamentales como la integridad física del procesado. La defensa argumentó además que este tipo de solicitudes debe ser analizado con mayor profundidad por los tres magistrados intervinientes, mediante una resolución debidamente fundada, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados.
Asimismo, señaló que el hecho de seguridad registrado en Minga Guazú ya había sido puesto en conocimiento del Ministerio Público en una denuncia previa, la cual derivó en la apertura de una investigación. Indicó que el nuevo episodio estaría vinculado a aquel antecedente, por lo que consideró que correspondía una respuesta más rápida de las autoridades judiciales.
Hasta el momento, según manifestó la defensa, no se habrían registrado nuevas diligencias o convocatorias por parte del Ministerio Público en relación con estos hechos recientes. El caso continúa en etapa jurisdiccional dentro del proceso “A Ultranza Py”, una de las causas de mayor alcance investigativo en materia de crimen organizado en el país.
