El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos ratificó su competencia para juzgar a la fiscal María Angélica Acosta, al exjuez Geraldino Cazal Argüello y el abogado Luis Méndez Vera, acusados por supuesto cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, supuestamente por pedir coima para que un imputado reciba medidas menos gravosas en una causa por supuesto abuso.
Las defensas plantearon también una reposición contra la citación a juicio, alegando principalmente existencia de una acción de inconstitucionalidad contra el auto de apertura a juicio. El Tribunal decidió que la causa debe ir a una cámara especializada. Las magistradas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel refirieron que existen varias resoluciones que permiten la elevación a juicio oral y público.
Se trata de los auto interlocutorios 142, 143 y 151, emitidos en agosto del año 2024, los cuales son posteriores a la Acordada 1406/2020 emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual establece la competencia territorial y la especialización de los tribunales. En este contexto, la normativa establecida en la Acordada determina que los tribunales especializados en crimen organizado mantendrán competencia a nivel nacional hasta que se designen nuevos magistrados.
Sin embargo, también se estipula que los casos que ya se encontraron en juzgados no especializados antes de la entrada en vigencia de dicha disposición deberán continuar su curso en esas instancias hasta que finalicen las etapas procesales correspondientes.
Esta regulación busca garantizar la continuidad de los procesos judiciales y evitar dilaciones innecesarias, asegurando que los cambios en la estructura jurisdiccional no afecten el desarrollo de las causas.
