El exministro de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, José María Orué Rolandi y los otros condenados Carlos Alberto Centurión, María Araceli Cotillo, Gloria Benita Arroyo y Laura Gamarra deberán devolver al Estado Gs. 3.010.768.440 más los intereses.
Esto se da tras no prosperar las pretensiones de los condenados durante la audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la República (PGR), que accionó a través de una demanda por reparación del daño. El Tribunal de Sentencia presidido por la Juez Laura Ocampo e integrado por los magistrados Juan Carlos Zárate y Fabián Weisensee rechazó los incidentes de prescripción planteados por la defensa.
El pasado 24 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una demanda por indemnización de daños contra el exministro Orué Rolandi y los entonces altos funcionarios de la institución mencionada. El daño patrimonial ocasionado por los demandados surge de la sentencia condenatoria en la causa individualizada como “José María Orué Rolandi y otros s/ lesión de confianza”. La Sentencia Definitiva n.º 179 de fecha 10 de julio del 2020 finalmente quedó firme y ejecutoriada a raíz de la cual los ciudadanos mencionados ut supra han sido condenados por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, previsto y penado en el artículo 192 del Código Penal, previa comprobación de un daño patrimonial de Gs. 3.010.768.440, en detrimento del Estado paraguayo.
Este perjuicio fue determinado por el Tribunal de Sentencia, en su construcción y análisis de la tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad, respecto del proceso de licitación pública nacional que se realizó sin la debida planificación ni proyección de necesidades y en el cual se adjudicó a la empresa Granos y Aceites SACIA, con 11 de los 12 lotes ofertados, a pesar de que dicha empresa presentó la oferta más costosa. Los productos adquiridos estaban destinados a niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, beneficiarios de los Programas ABRAZO y PAINAC, quienes vieron afectada la cantidad de alimentos recibidos a lo largo de la ejecución del contrato, debido a estas irregularidades.
