Se suspendió el juicio en el marco de la demanda planteada por la Procuraduría General de República (PGR) por reparación del daño, en contra el exministro de la Secretaría de la Niñez José María Orué Rolandi y altos funcionarios condenados por corrupción. El juicio fue reagendado para el 28 de noviembre a las 11:00hs.
La suspensión se dio debido a que la Presidente del Tribunal, la Juez Laura Ocampo, se encuentra con problemas de salud. En este caso, la PGR pide que los condenados devuelvan al Estado la suma de Gs. 3.010.768.440 más los intereses.
Recordemos que El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Fabián Weinsensee y Juan Carlos Zárate había condenado a 4 años de cárcel por lesión de confianza, al exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orue Rolandi. Mientras que impuso la condena de 2 años y 6 meses de cárcel a Gloria Arroyo, Araceli Cotillo, Carlos Centurión y Laura Gamarra. Según el Ministerio Público se desvío en la campaña “Un vaso de Leche”, la suma de Gs. 3.642.442.072. El entonces Fiscal Rodrigo Estigarribia había requerido la pena de 7 años y 10 meses para el exministro.
El pasado 24 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una demanda por indemnización de daños contra el exministro Orué Rolandi y los entonces altos funcionarios de la institución mencionada. El daño patrimonial ocasionado por los demandados surge de la sentencia condenatoria en la causa individualizada como “José María Orué Rolandi y otros s/ lesión de confianza”. La Sentencia Definitiva n.º 179 de fecha 10 de julio del 2020 finalmente quedó firme y ejecutoriada a raíz de la cual los ciudadanos mencionados ut supra han sido condenados por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, previsto y penado en el artículo 192 del Código Penal, previa comprobación de un daño patrimonial de Gs. 3.010.768.440, en detrimento del Estado paraguayo.
Este perjuicio fue determinado por el Tribunal de Sentencia, en su construcción y análisis de la tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad, respecto del proceso de licitación pública nacional que se realizó sin la debida planificación ni proyección de necesidades y en el cual se adjudicó a la empresa Granos y Aceites SACIA, con 11 de los 12 lotes ofertados, a pesar de que dicha empresa presentó la oferta más costosa. Los productos adquiridos estaban destinados a niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, beneficiarios de los Programas ABRAZO y PAINAC, quienes vieron afectada la cantidad de alimentos recibidos a lo largo de la ejecución del contrato, debido a estas irregularidades.
