La juez de Ejecución María Lidia Wyder reformó el cómputo de la condena de María del Carmen Martínez conocida como la «comepapeles», exdirectora de Talento Humano del Rectorado de la UNA, condenada a 3 años 6 meses de cárcel por hechos de corrupción destapados tras la revuelta estudiantil «UNA no te calles», en el año 2015.
La mujer cumplirá la totalidad de su pena el 19 de febrero del año 2027, mientras que podrá solicitar libertad condicional a partir del 19 de enero del próximo año, ya que cumplirá las dos terceras partes de su sanción. El 19 de junio de este año cumplirá la mitad de su condena y podrá solicitar salidas transitorias.
Martínez Méndez fue condenada por sentencia definitiva N.º 562 de fecha 08 de agosto del año 2022. La condena fue confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial de Central en marzo del 2023 y el recurso de casación presentado por su defensa fue declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia en junio del mismo año.
En septiembre del 2023, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó su captura y posterior reclusión, la cual se materializó el 19 del mismo mes. No obstante, la defensa alegó que Martínez Méndez había estado previamente bajo arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas desde febrero del año 2016, situación que debía ser considerada para el cómputo de su condena.
Tras un análisis del expediente y del marco legal vigente, la magistrada resolvió modificar el cómputo inicial. De acuerdo con la nueva disposición, la pena de Martínez Méndez se considerará totalmente compurgada el 19 de febrero del año 2027. Además, se estableció que alcanzará la mitad de su condena el 19 de junio del 2025, lo que le permitirá solicitar libertad condicional a partir del 19 de enero del 2026, cuando se cumplan las dos terceras partes de la pena.
La resolución también ordena la notificación de la interna a través de la Dirección del Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, donde actualmente guarda reclusión. Asimismo, se remitirá copia autenticada de la sentencia a la Procuraduría General de la República, conforme a lo establecido por la Acordada N.º 1000/2015 de la Corte Suprema de Justicia.
