La juez Alicia Pedrozo elevó a juicio la causa contra 20 personas acusadas por supuesta estafa y los sobreseyó del hecho de asociación criminal, en el marco del sonado caso del presunto esquema montado para solicitar dinero a personas a cambio de ofrecerles contratos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).
El caso se inició tras denuncias de presuntas irregularidades en la gestión de fondos y beneficios en el IPS Entre los principales acusados se encuentran Fátima Patricia Agüero Stehlik, José Manuel Agüero Stehlik, María Luján Aguilera Chaparro y Jorge Aquino Riveros, todos procesados por los delitos de estafa y asociación criminal, según lo estipulado en el Código Penal.
Las imputaciones fueron formalizadas entre enero y marzo del año 2024, con la presentación de varias actas de imputación por parte del Ministerio Público. La audiencia preliminar, realizada los días 12 y 13 de marzo del 2025, marcó un punto crucial en el desarrollo del caso, con la posibilidad de avanzar a juicio oral y público contra los principales implicados.
Según la Fiscalía, los acusados operaban mediante la manipulación de datos financieros y la falsificación de documentos para desviar fondos de la institución estatal. Entre los elementos de prueba presentados figuran dispositivos electrónicos incautados tales como computadoras y teléfonos celulares, los cuales fueron sometidos a peritajes forenses para extraer información clave en la investigación.
Las autoridades también han identificado a otros implicados, como Zulma Verónica Villalba Colman, Eduvigis Espínola y Cintia Adriana Caje Cabral, quienes estarían involucrados en la red de fraude y corrupción. La estructura de la organización delictiva habría permitido desviar considerables sumas de dinero, perjudicando a miles de beneficiarios del sistema de previsión social.
Dentro del marco del proceso, varios de los imputados han sido sometidos a medidas cautelares, incluyendo prisión preventiva y arresto domiciliario. Sin embargo, en algunos casos, la defensa ha logrado el levantamiento de estas restricciones, lo que ha generado controversia en la opinión pública y en los sectores afectados por el fraude.
Además de ello, el Ministerio Público ya ha identificado conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y archivos financieros que podrían comprometer a más personas dentro del esquema delictivo. El escándalo generó bastante indignación en la sociedad, que exige justicia y la recuperación de los fondos malversados. «Es inaceptable que se juegue con los recursos de los trabajadores» había expresado uno de los afectados a los medios de prensa, cuando el esquema fue sacado a la luz.
