Gladys Larrea, una de las presuntas víctimas del esquema conocido como la “Mafia de los Pagarés”, denunció públicamente en PDS Radio que su causa lleva más de seis meses sin avances a pesar de haber presentado pruebas, testigos e informes a su favor. La mujer señala directamente a Marcos Antonio Acosta López, a quien califica como “usurero”, como el responsable del abuso económico que sufre desde hace años.
Larrea aseguró que realizó la denuncia en diciembre del año 2024 ante la Unidad N°3 del Ministerio Público, a cargo del fiscal Walter Melo, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta concreta. “Yo acerqué testigos, pedí informes y hasta los chats con el denunciado donde se demuestra que solo usé Gs. 2.000.000 de él. Pero no hay noticias. No avanza mi denuncia”, expresó durante la entrevista. Agregó que ha intentado reiteradas veces hablar con el fiscal, pero no ha sido recibida. “Últimamente él no me recibe. Hablo con el auxiliar y solo me mueve la cabeza diciendo que no hay nada. Me voy casi todos los días y es lo mismo”, lament.
Actualmente, Larrea sigue siendo víctima de descuentos mensuales por una deuda que, según ella, ya fue pagada varias veces. “Me descuentan Gs. 679.000 al mes. Ya pagué tres veces: primero en efectivo, después con un embargo en el año 2021 y ahora otro embargo más”, explicó. La causa se encuentra en el Juzgado de Paz de San Isidro, Secretaría Uno, pero la denunciante sostiene que el proceso está estancado a pesar de haber registrado su caso en el portal de víctimas de la Corte Suprema de Justicia. “Me están asesorando desde ahí, pero todavía no hay avances”.
Gladys expresó su impotencia ante la falta de respuestas y adelantó que recurrirá a la Inspectoría del Ministerio Público para denunciar al fiscal por presunta inacción en su causa. “Ya no sé a dónde más ir. Ahora me voy a ir también ahí, porque hasta ahora no tengo novedades de mi caso”, concluyó.
Este testimonio se suma a otros casos similares que alimentan las sospechas de una red estructurada de cobros abusivos, posibles falsificaciones de documentos y complicidad judicial, elementos que han sido asociados con lo que se conoce como la “Mafia de los Pagarés”. La presión pública sobre las instituciones crece, mientras las víctimas siguen esperando justicia.
