La Coordinadora de Víctimas de la «mafia de los pagarés» presentó ante la Corte Suprema una solicitud para que la máxima instancia judicial dicte una acordada de «emergencia tutelar», con el objetivo de suspender temporalmente los efectos de embargos ejecutivos, descuentos salariales automáticos y órdenes de desalojo derivados de juicios tramitados en juzgados de paz actualmente intervenidos.
La presentación fue realizada por representantes de la organización, entre ellos el vocero oficial Pedro Coronel; los mismos argumentan que la medida resulta necesaria mientras avanzan las auditorías impulsadas por la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial y las investigaciones penales encabezadas por el Ministerio Público, respecto a las presuntas inrregularidades durante la tramitación de pagarés y ejecuciones judiciales.
Según el escrito, la suspensión solicitada tendría carácter preventivo y excepcional y regiría hasta que se determine “de manera fehaciente la veracidad o la nulidad irremediable de los títulos ejecutados”. Los peticionantes sostienen que existen indicios de un esquema sistemático de producción de juicios ejecutivos fraudulentos mediante la utilización de pagarés presuntamente clonados, firmas adulteradas y montos sobrefacturados.
La Coordinadora afirma que más de 17.000 trabajadores habrían sido afectados por descuentos compulsivos sobre salarios, jubilaciones y otros ingresos, particularmente en procesos impulsados en juzgados del interior del país. En ese contexto, señalaron que la continuidad de los embargos y retenciones podría generar consecuencias sociales y económicas graves para numerosas familias.
En la nota presentada ante la Corte, los representantes de las víctimas sostienen que el propio aparato judicial habría sido utilizado para consolidar un sistema de despojo patrimonial mediante resoluciones dictadas en sedes judiciales actualmente bajo sospecha o investigación. A criterio de los firmantes, mantener vigentes las ejecuciones mientras se desarrollan las auditorías podría profundizar eventuales perjuicios irreparables.
El documento también desarrolla una serie de fundamentos constitucionales, jurídicos y doctrinarios para respaldar el pedido. Entre ellos, invoca el principio del Estado Social de Derecho y sostiene que la protección de las condiciones materiales de vida debe prevalecer frente al “rigorismo formal” de los procedimientos ejecutivos cuando existen sospechas de fraude masivo.
Asimismo, los peticionantes citan el deber de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia previsto en la Constitución Nacional, argumentando que el máximo tribunal posee facultades para adoptar medidas excepcionales ante una eventual disfunción sistémica dentro del Poder Judicial.
Otro de los puntos centrales del planteamiento hace referencia a los derechos de niños y adolescentes. La Coordinadora sostiene que los descuentos salariales masivos afectan no solo a los demandados, sino también al sustento básico de sus familias, por lo que la situación podría comprometer el interés superior del niño consagrado en normas constitucionales y tratados internacionales.
La presentación también menciona la denominada “doctrina de la emergencia institucional”, señalando que existen antecedentes administrativos que permitirían a la Corte adoptar medidas cautelares generales para preservar la transparencia y el orden público cuando el propio sistema judicial se encuentra bajo cuestionamiento.
En otro apartado, los firmantes recurren a la denominada “Fórmula de Radbruch”, teoría filosófica según la cual el derecho positivo pierde legitimidad cuando genera situaciones de injusticia extrema. Bajo ese razonamiento, sostienen que mantener embargos provenientes de juzgados sospechados de corrupción podría constituir un caso de “injusticia extrema”.
Finalmente, la Coordinadora solicita que la Corte Suprema dé trámite urgente al planteamiento y dicte una acordada que disponga la suspensión temporal de embargos, descuentos automáticos y ejecuciones en trámite vinculados a juzgados intervenidos o bajo auditoría, mientras continúan las investigaciones institucionales y penales.
