La Coordinadora de Víctimas de la “mafia de los pagarés” presentó formalmente un pedido de juicio político contra varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el máximo tribunal ha omitido su rol de tutela y reparación en el marco del escándalo que afecta a miles de ciudadanos.
Desde la organización argumentan que la inacción o la lentitud de la Corte frente a la magnitud de las pruebas y la repercusión social constituye una falla institucional que debe ser evaluada por el Poder Legislativo. Voceros de la Coordinadora sostienen que buscan soluciones efectivas y reparatorias para las más de 17.000 familias afectadas por los juicios ejecutivos presuntamente fraudulentos.
El grupo coordinado por representantes de víctimas y familiares anunció que solicitará a la Cámara de Diputados que incluya el pedido en el orden del día de la sesión prevista para el lunes 03 de noviembre del 2025, fecha en la que esperan que los legisladores “escuchen a las víctimas” y comiencen el trámite constitucional pertinente.
En su comunicado la Coordinadora reivindica su carácter autónomo y su compromiso con la búsqueda de un sistema judicial “más eficaz y creíble”, al tiempo que reclama mecanismos de responsabilidad para los magistrados que, según el colectivo, no actuaron con la diligencia exigible ante las evidencias del esquema de estafas. La presentación de un pedido de juicio político se enmarca en una estrategia de presión institucional que incluye además audiencias públicas y movilizaciones ciudadanas frente al Palacio de Justicia.
La iniciativa de las víctimas llega en un contexto en el que la investigación penal avanza por distintos frentes; la Fiscalía ha impulsado imputaciones y solicitudes de destitución contra jueces de paz vinculados al caso y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y otros organismos han recibido pedidos formales de intervención. Esa dinámica es la que motiva la exigencia de la Coordinadora de que la Corte Suprema y otras instancias del sistema respondan con mayor celeridad y medidas concretas de reparación.
Representantes parlamentarios y comisiones legislativas ya han tomado nota del reclamo; en los últimos días la Comisión del Senado y varias bancadas debatieron avances y medidas de apoyo a las víctimas, mientras que en la Cámara de Diputados algunos parlamentarios manifestaron su disposición a analizar el pedido de la Coordinadora.
Los voceros de la Coordinadora reiteraron su confianza en que los diputados “harán lo correcto y escucharán a las víctimas” y reclamaron que cualquier acción política vaya acompañada de medidas concretas, como auditorías de expedientes, reparación económica o social a las personas damnificadas y sanciones administrativas y penales para los responsables.
Las víctimas mantienen las movilizaciones y las reuniones con autoridades para lograr tramitación y soluciones. La petición de juicio político constituye una estrategia colectiva de quienes reclaman reparación y justicia tras años de litigios ejecutivos que, según denuncian, se sustentaron en resoluciones y procedimientos irregulares. El lunes 03 de noviembre del 2025 será, según la Coordinadora, la primera instancia pública para que los diputados valoren su reclamo.
