La Dra. Cynthia González, viuda del periodista Leo Veras, expresó su profunda preocupación por la falta de avances en la investigación de las amenazas de muerte que denunció haber recibido en agosto del año 2025, así como por las dificultades que enfrenta para lograr el esclarecimiento del caso.
En entrevista, González manifestó sentirse “abandonada por el Estado” y cuestionó la actuación de las autoridades, señalando que, a ocho meses de haber presentado la denuncia, no existen resultados concretos. Indicó que recientemente acudió al Ministerio Público para solicitar información sobre el estado de la causa, pero la única respuesta recibida fue que no se obtuvo información relevante tras requerimientos a compañías telefónicas.
La denunciante relató que la amenaza de muerte se produjo el 30 de agosto, luego de que en julio realizara una denuncia pública contra el actual diputado Santiago Benítez, a quien vinculó con información previa sobre el asesinato de su esposo. Según sostuvo, tras hacer públicas estas afirmaciones, recibió mensajes intimidatorios instándola a guardar silencio.
González también cuestionó la falta de impulso fiscal en su caso, especialmente en la jurisdicción de Pedro Juan Caballero, donde, según afirmó, no se realizaron diligencias significativas. En ese contexto, contrastó su situación con otras investigaciones que sí habrían registrado avances, lo que, a su criterio, evidencia un trato desigual.
El caso del asesinato del periodista Leo Veras, ocurrido en el año 2020, continúa generando cuestionamientos sobre la autoría intelectual del crimen. González insistió en la necesidad de que las autoridades retomen líneas investigativas y profundicen en los antecedentes que, según dijo, fueron expuestos públicamente.
Asimismo, reiteró su pedido de mayor compromiso institucional para esclarecer tanto las amenazas recibidas como el homicidio de su esposo, señalando que la falta de respuestas contribuye a un escenario de incertidumbre y desprotección. El caso se mantiene abierto, mientras persisten los reclamos por avances concretos en las investigaciones y mayores garantías para la seguridad de la denunciante.
