Pedro Coronel, vocero de las víctimas de la mafia de los pagarés, denunció en comunicación con PDS Radio que la Corte Suprema de Justicia no cumplió con el compromiso de recibirlos este martes, pese a un acuerdo previo fijado el 21 de julio. Según explicó, uno de los ministros no estuvo presente y otro alegó que debía analizar una ley en lugar de las propuestas presentadas por los afectados.
Coronel afirmó que esta negativa se suma a la falta de avances en las causas judiciales, acusando al Poder Judicial de ser “responsable” del problema, ya que reconoció que juzgados de paz fueron contaminados por prácticas delictivas. Asimismo, señaló que el sistema judicial está “subyugado a poderes económicos y políticos” y que los magistrados “reciben órdenes” en lugar de actuar de forma independiente.
Ante este escenario, las víctimas anunciaron que solicitarán audiencias con los tres poderes del Estado y el Ministerio Público, con la intención de plantear sus propuestas y exigir investigaciones sobre los hechos ilícitos vinculados a los pagarés. Coronel aseguró que también se movilizarán en juzgados de distintas localidades para acompañar casos individuales y verificar el estado de cada expediente.
Además de ello, cuestionó duramente al Ministerio Público, al que acusó de inacción. “Si nosotros no movemos las carpetas, ellos no se mueven”, dijo. También denunció que en algunos casos se mantienen descuentos salariales a pesar de que las órdenes de embargo fueron levantadas e incluso que el Ministerio de Economía ha efectuado cobros múltiples por una misma autorización, afectando especialmente a comunidades indígenas.
Coronel calificó estas prácticas como un acto de humillación y despojo. “No tenemos nada que perder, porque ya se nos robó todo”, expresó, adelantando que las protestas serán cada vez más contundentes.
La mafia de los pagarés es una causa conformada por un gran cúmulo de demandas judiciales abusivas y cobros ilegítimos, presuntamente orquestado por grupos que operan con complicidad de funcionarios judiciales y administrativos, afectando a trabajadores, jubilados y comunidades vulnerables.
