La exjueza Mónica Rivas presentó un nuevo urgimiento, además de los 30 que ya ha presentado, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que resuelva la acción de inconstitucionalidad que presentó en contra de su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2018.
Al respecto, la exmagistrada señaló a PDS Radio y Tv Digital que esto le ha causado un perjuicio económico, moral, social y emocional, ya que ni siquiera puede desempeñarse como docente en las universidades debido a que nadie quiere contratar a una persona que fue destituida por supuesto mal desempeño en un caso por narcotráfico.
“La situación procesal es lo más triste, mucha gente decía que era una trampa del partido, pero la verdad es que fue una extorción de Óscar González Daher” agregó.
Mónica Rivas fue destituida por el JEM en el año 2018, luego de absolver a dos ciudadanos peruanos acusados por narcotráfico. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por Haydée Barbosa, Carmen Barrios y Mónica Rivas, quienes anularon dos pruebas alegando que la cadena de custodia se rompió y se alteró la evidencia, ya que la presunta droga era harina.
Explicó que en el Tribunal de Sentencia solamente se evalúan las pruebas, se valoran las mismas y se dicta la sentencia, ya sea una absolutoria o condenatoria; poco y nada se producen pruebas en la etapa de sentencia. En el informe realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en aquel entonces, se podía constatar que la supuesta cocaína en realidad era harina.
“Cuando hablamos de que se rompió la cadena de custodia es sobre que todos los documentos de los peruanos, el Fiscal Manuel Rojas tampoco acercó al Tribunal de Sentencia. Nosotras no teníamos ni sus maletas en frente nuestro para poder condenarlos. Una situación muy particular es que si no condenábamos igual nos podían llevar al Jurado por condenar a inocentes” detalló Rivas.
Luego de emitir el fallo de absolución contra los ciudadanos peruanos, el entonces medio de comunicación “Vanguardia” sacó un titular sobre la absolución de los mencionados y, en base a esa publicación, el entonces titular del JEM Óscar González Daher (OGD) las citó para escuchar su descargo, momento en el que las magistradas solicitaron una auditoría a la CSJ y se pudo demostrar que no existió un mal desempeño en funciones de las tres juezas. Además, la SENAD confirmó el informe presentado en la causa sobre qué tipo de sustancia se encontró en poder de los peruanos y que efectivamente se trataba de harina.
“Teníamos todos los elementos para que no se llegue a un enjuiciamiento y en ese lapso de tiempo este señor (OGD) empezó a presionar para que se pague USD 10.000 a cada una y yo dije que no. En ese entonces Carmen Barrios dijo que si no se pagaba ella presentaría su renuncia, porque afirmó que nos echarían” aseguró.
Mencionó además que, en otra audiencia, OGD le dijo que si ponían al menos una parte del dinero solicitado las podrían ayudar y la magistrada se volvió a negar. En consecuencia, los miembros del JEM la destituyeron. Un día después de su destitución, Rivas ya presentó la acción de inconstitucionalidad, la cual, al día de hoy, casi cinco años después, sigue durmiendo en la CSJ.
