El Juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación contra el Intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras personas procesadas por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Esto se da en el marco de la causa que investiga un presunto esquema montado para el desvío de fondos y se habla de un presunto perjuicio de Gs. 306.000.000.
Al respecto, el abogado Guillermo Ferreiro, quien representa al jefe comunal, señaló a PDS Radio que esto se da a raíz de denuncias presentadas por operadores políticos y luego de tres años presentaron la imputación en contra del mismo y otras 12 personas. Según el abogado llegaron a su conclusión en base a razonamientos errados. Esta causa es en base a que una empresa fue adjudicada por vía de la excepción para la fabricación de panificados para las familias de escasos recursos.
“Esa empresa cumplió, se hicieron y se entregaron los panificados y eso consta en todas las actas e incluso la empresa emitió factura legal a la Municipalidad de Ciudad del Este” comentó.
Sobre la inhibición del Juez Rodrigo Estigarribia de esta causa, el abogado mencionó que es lo más razonable teniendo en cuenta que esta causa le había sido asignada cuando el mismo se desempeñaba como agente fiscal.
Para el abogado, las causas abiertas contra Miguel Prieto significan utilizar el poder punitivo del Estado, monopólico de la acusación pública, para perseguir a una persona por intereses ajenos y eso significa un crimen grave, el terrorismo de Estado.
El abogado también habló de las medidas cautelares solicitadas por el Fiscal Silvio Corbeta, quien pidió que se congelen todas las cuentas del Intendente y los demás procesados, además del embargo de todos los bienes pertenecientes a los mismos, por la suma de Gs. 306.000.000, cuando, haciendo el cálculo, para llegar a ese monto, serían aproximadamente Gs. 20.000.000 por persona. Dichas medidas nunca fueron solicitadas en otros casos con sospecha de incluso un mayor perjuicio patrimonial.
“Esto te deja muerto civilmente, te deja fuera de todo. La Fiscalía no estipula que es hasta cubrir los trescientos millones, no hay límites. Si las personas tienen mil millones en embargo cada una, la el Fiscal Corbeta pide que se embargue todo” explicó el abogado Ferreiro. Ahora, el magistrado Humberto Otazú hizo lugar a la petición del Ministerio Público por lo que dichas medidas deberán ser cumplidas.
Cabe mencionar que el magistrado impuso medidas al Intendente y a los demás procesados en la causa sin llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas y sin notificarle el acta de imputación a las partes.
